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Buenos días, padres y madres de familia, maestros y maestras. Quiero, ante todo, expresar mi sorpresa y mi admiración por la amplia respuesta que han dado a esta convocatoria. Miren Ustedes a su alrededor: ya no caben más personas en este auditorio que es, por lo demás, un auditorio enorme. Y todavía hay muchas más, quizás cientos, que están bajo el sol, afuera, sumándose con su presencia a este evento. Aquí estamos reunidas más de mil personas. Y esto no es accidental.
Esta asistencia no es casual ni es un hecho aislado. Igual ha ocurrido en otros lugares, como en San Miguel Petapa, en Villa Canales, en San Pedro Ayampúc, por mencionar algunos en los que he tenido el honor de estar personalmente. En cada lugar, sin excepciones, la cantidad de padres y de madres, de maestros y de maestras que han acudido al llamado desborda, por mucho, los cálculos que inicialmente se habían hecho.
Es necesario decir que esta masiva asistencia, esta impresionante capacidad de respuesta no solamente Ilena auditorios. Nos Ilena, también, de esperanzas, de confianza y de optimismo en el futuro. Porque evidencia que en Guatemala existe un pueblo dispuesto a decir "presente" cuando se trata de defender un derecho de tanta importancia como lo es el derecho a la educación.
Es necesario, también, dejar muy en claro que hoy la educación está en riesgo. Que se ha iniciado una batalla por la educación en el país, batalla en la que se enfrentan dos fuerzas antagónicas:

Por una parte quienes creen que el sistema educativo debe mejorarse, que se debe invertir más presupuesto en los servicios educativos, que se debe Ilevar adelante una verdadera y profunda reforma educativa, que se debe dignificar el trabajo del magisterio y que, para todo esto, el Estado debe asumir sus responsabilidades. En esta fuerza, ante todo, están los padres de familia, los maestros y los estudiantes, quienes desde ya ocupan las primeras Iíneas en las nuevas trincheras por la defensa de la educación.
En las trincheras de enfrente, en el otro lado, está la otra fuerza, que se resiste a aumentar el presupuesto destinado a la educación, que impulsa una peligrosa contra-reforma educativa, que trata de desmantelar al gremio magisterial y de manipular con malas intenciones a los padres de familia. Una fuerza amarga y oscura, pero poderosa e inteligente, a la que no se debe menospreciar.
El primer round de esa batalla por la educación ya se combatió. Y todos fuimos testigos de cómo el pueblo guatemalteco, con el magisterio a la cabeza, salió absolutamente victorioso.

La huelga magisterial fue la culminación de un proceso que se inició desde enero del 2002, a lo largo del cual la Asamblea Nacional Magisterial sostuvo una serie de diálogos infructuosos con las autoridades de distintas esferas del Ministerio de Educación, diálogo donde los maestros plantearon su discusión alrededor de tres grandes grupos de reivindicaciones:

A.- Las primeras referidas a los programas educativos que desarrolla el Ministerio de Educación, por cuanto se consideraba

que la asignación presupuestaria destinada a la ejecución de programas en beneficio de la niñez era insuficiente;
que el enfoque técnico propio de estos programas era inadecuado;
y que la ejecución práctica era todavía peor que la asignación presupuestaria y peor que el enfoque. Se trataba, pues, de un primer grupo de reivindicaciones planteadas por los maestros, pero en defensa de los intereses de todos los niños y niñas del país, en defensa de los derechos de todo el pueblo.

B.- El segundo grupo de demandas giraba alrededor de la práctica de la Reforma Educativa. A juicio del magisterio, los componentebásicos de la Reforma Educativa estaban siendo quizás pensados con la cabeza, pero actuados con los pies. Había un notorio divorcio entre lo que, desde el Ministerio, se expresaba públicamente en términos de Reforma Educativa como proceso, y lo que, como Ministerio, hacían en la práctica. La conceptualización de la Reforma Educativa quizás era correcta, pero la práctica que se derivaba de esa conceptualización no era de ninguna manera convergente. La Asamblea Nacional Magisterial demandaba la puesta en marcha de una Reforma Educativa que respondiera, de manera real, a la letra y al espíritu de los Acuerdos de Paz, desde donde nacía. Se trataba, por lo tanto, de un segundo grupo de reivindicaciones que también apuntaban en beneficio de todo el pueblo.

C.- Un tercer grupo de demandas, (no por ello menos importantes), se ubicaban en el ámbito de la dignificación del trabajo de las maestros y de las maestras. Estas tienen que ver con todos los contenidos propios de una convención colectiva de trabajo. En el marco ya del paro magisterial fue a las que la prensa les dio especial importancia, como queriendo vender la idea de que los maestros y maestras estaban en paro solamente por su mejora salarial o por la mejora en sus condiciones de trabajo. Pero estas reivindicaciones nunca fueron enfocadas por el magisterio como las claves.

En términos históricos, habrá que ubicar el paro magisterial como el primer round de la nueva batalla que se ha iniciado. Como el primer enfrentamiento en esta lucha por un sistema educativo adecuado, batalla en la cual los maestros, desde cualquier análisis que se haga, salieron victoriosos. Tras 52 días de coraje, de firmeza, el magisterio ganó y, con ellos, el país y, en especial, los niños y las niñas.
Lograron arrancar del Estado la transferencia de 705 millones para distintos programas en beneficio de la niñez, fondos que antes estaban en el FIS, en el Ministerio de Agricultura en la Unidad de Construcciones y en otras instancias del Gobierno. 705 millones sólo para este año, es decir, para que se ejecuten todos esos recursos a la largo de este año. Esta información, infortunadamente, no ha sido difundida con toda la fuerza que merece. Los medios de prensa la han acallado, a saber con qué intenciones. En todo caso, ha sido un buen punto de partida para que hoy esté forjándose una importante alianza entre maestros y los padres de familia, puesto que los padres ven que la lucha del magisterio, de manera real, está beneficiando a sus hijos, Ven hechos específicos, tangibles, que contribuyen al bienestar de sus hijos e hijas.
Los maestros y maestras lograron, también, someter a revisión la Reforma Educativa. Como parte de los compromisos adquiridos tras el paro, se crea una Comisión Bipartita, es decir, integrada por delegados del magisterio y del Ministerio, que tiene, entre otras, la tarea de presentar propuestas para la reingeniería de la Reforma Educativa. El énfasis girará alrededor de dos de las componentes de la Reforma: el Programa de Desarrollo Profesional y la Transformación Curricular.
Debe quedar muy claro que la Asamblea Magisterial entiende que los maestros y maestras tienen todo el derecho del mundo para cursar estudios superiores y obtener un título universitario. La Asamblea Nacional Magisterial ha presentado ya una propuesta inicial para revisar ambos componentes de la Reforma Educativa.

Pero, de nuevo, no ha habido respuesta positiva por parte del Estado. Por el contrario, más bien están desmantelando la estructura que habían creado para desarrollar el Programa de Desarrollo Profesional. Lo más irónico es que ya hay funcionarios del Ministerio que andan argumentando que, si no hay programa de desarrollo profesional, es porque los maestros no quieren que haya. Nada es más falso.
Por último, lograron un mínimo incremento salarial, que no era el eje único ni principal de su lucha, sino uno de los tres ejes ya mencionados. Lograron un incremento salarial de Q 150.00 a la base y no un bono, como el Gobierno originalmente había propuesto. Incremento salarial que, sin ser gran cosa, tampoco es despreciable. Para los maestros de clase "A" es de Q 150.00 pero para un maestro de clase F ya son casi Q 370.00. En suma, logran más de 150 millones de quetzales como aumento salarial para el magisterio. Y logran, además, que la Comisión Bipartita incluya en su agenda el debate sobre los términos de una Convención Colectiva, cosa aún pendiente.
Otro logro de especial importancia reside en el hecho de que la Asamblea Nacional del Magisterio tendrá voz en las discusiones de las que saldrá el presupuesto para educación que se aplicará a lo largo del año próximo, es decir, para el presupuesto del 2004. Es un hecho casi insólito que, en un país como Guatemala, en el cual las autoridades nunca, jamás, han tenido la voluntad política de abrir espacios reales de participación a las organizaciones sociales, en este caso se vieron forzadas a admitir a los maestros y maestras como interlocutores válidos en un tema de tanta relevancia coma lo es el del presupuesto. Es un espacio para la incidencia política que habrá que saber aprovechar de la mejor manera, obviamente en beneficia de los usuarios y usuarias del sistema educativo.
AI final, ganaron todo, de manera absoluta. 52 días de unidad, de madurez, de inteligencia, les permitieron ganar en todo. 52 días de sudores, de sacrificios, de esfuerzos, les construyeron el camino a su victoria, que también es la victoria de todos los sectores populares. Incluso el Ministro, sabiéndose derrotado, buscó maneras para castigarlos. Un Ministro con sangre en el ojo, profundamente herido, molesto, que no quería pagarles febrero, que no quería pagarles los días de marzo, que quiere dividir al magisterio, que sacó 12,000 cheques de febrero y deja a los demás al descubierto, que quiere sembrar división, que dijo "vamos a despedir a 16,000 maestros" y lanzó 16,000 notificaciones de despido. Que quiere sembrar terror entre los maestros y satisfacer su ego mediante la aplicación de medidas de fuerza.
Pero más herido está hoy el Señor Ministro, cuando fue precisamente su propia bancada parlamentaria la que terminó por darle la puntilla que definitivamente acaba con Mario Torres. Fueron los diputados de la bancada oficial quienes emiten una Ley de Amnistía que obliga al Ministerio de Educación a pagar todo, a no despedir a nadie, a no sancionar a nadie.
Conviene detenerse unos instantes a analizar lo relativo a esta Ley de Amnistía:

En primer lugar, evidencia de manera clara y precisa en dónde reside el poder real en este país. A pesar de las rabietas del Ministro Torres, a pesar de sus amenazas y desplantes, a la hora de la verdad quien toma las decisiones es la bancada oficial en el Congreso y pasa por encima de lo que el Ministro sostiene, demostrándole a toda la ciudadanía que el Ministro no manda, que sus órdenes no cuentan, que sus palabras no tienen valor.
Queda en claro, además, que en la situación actual del Estado guatemalteco, no existe respeto ni independencia entre los distintos poderes de la República. El Congreso, cuando quiere, también pasa por encima del Ejecutivo y le impone sus propias decisiones.
Debe entenderse, además, que la amnistía la adoptó el FRG precisamente cuando las expac les estaban causando no pocos problemas en las calles. Y no querían, de ninguna manera, que la situación política se les complicara todavía más.
Y, por último, la amnistía la emiten también porque descubren que tienen perdida la batalla jurídica. Que, en términos reales, hubieran perdido uno a uno los casos que estaban en disputa legal. Así que optan por limpiar la cancha, por anular las acciones en curso y evitarse problemas mayores.

La amnistía no debe entenderse, de ninguna manera, como un gesto de buena voluntad o como un acto de generosidad por parte de los diputados del FRG ni, mucho menos, por parte de sus jefaturas de bancada. Simplemente obedece a un calculo político propio de un año marcado por el sello de su naturaleza electoral.
Por otra parte, no han faltado algunas voces perdidas en el desierto, equivocadas y venenosas, que señalan como un error el que la dirigencia del magisterio haya negociado con la bancada oficial.
¿Y con quién diablos querían que se negociara, si es lamentablemente allí en donde reside el poder real, como quedó demostrado? Ya se habían agotado todos los otros espacios de negociación y de diálogo. Ahora, esos eternos "critícalo todo" quieren desprestigiar a la dirigencia magisterial con argumentos extraordinariamente débiles y torpes, sin darse cuenta de que, al hacerlo, son más bien ellos mismos quienes se desprestigian.
Es importante reconocer que esos "critícalo todo" son, a su vez, incapaces de construir nada, como no sean semillas de discordia. Hablan mucho, pero no hacen nada. Pareciera que su intención fuera destruir todo aquello en donde no sean ellos los protagonistas de la foto, como si se tratara no de aportar a las luchas del pueblo sino, más bien, de satisfacer mezquinas ambiciones personales. Se colocan a sí mismos cómodamente como espectadores y nunca como actores, porque es más fácil no arriesgar nada al no hacer nada. Son como esos fanáticos del fútbol que Ilegan a las graderías a Ilenarse la boca con críticas a los jugadores, sin haber ellos mismos pateado nunca un balón a lo largo de sus tristes vidas. Quieren jugar de técnicos, de teóricos, de sabios, sin tener en sí mismos ni la menor experiencia práctica, sin haber estado ahí, sudándose al lado de quienes sí se arriesgan.

Además de esos logros ya mencionados, que son ubicables en el campo de lo que los maestros y maestras demandaban en su pliego de peticiones, hay también otros logros, obviamente no planificados, colaterales, que son de significativa importancia. En muchos casos, estos otros logros resultan de tanta o mayor relevancia que los que se derivan directamente del pliego de peticiones. Además se vinculan, de manera directa, con los intereses de la mayoría de los sectores populares.
El paro magisterial tuvo algunas particularidades sobre los cuales resulta conveniente meditar. En primer lugar fue un paro que mostró un vigor no pronosticado por nadie. Se desarrolló con una fuerza tal que nadie pudo prever, quizás ni siquiera los propios maestros, ni siquiera la propia dirigencia del magisterio. En una época marcada por el sello de la indiferencia, en donde los valores neoliberales invitan a cada ciudadano a refugiarse en sus cuestiones individuales, Ilamar a un paro era como nadar contra corriente. Hoy todo invita a las personas a resolver su entorno inmediato, sus problemas personales, y a no meterse con los que afectan a los demás.
Muchas personas, incluidos muchos funcionarios del Ministerio de Educación, menospreciaban al magisterio y a sus capacidades. Decían que, como gremio, fue destruido después de la huelga del 89 y que, desde entonces, no había levantado cabeza ni la podía levantar. Decían que el magisterio estaba muerto y enterrado. Juraban que, si maestros y maestras se iban al paro, se trataría de un movimiento que sería como "Ilamarada de tusa".
Ese era criterio no solamente entre las autoridades ministeriales sino incluso entre muchos "intelectuales" vinculados al tema de la educación. Había poca credibilidad y poca confianza en la capacidad que tuviera el magisterio de sostener una acción de esa naturaleza. Decían que el magisterio no aguantaría ni diez días. Que se desmoronaría ante los primeros golpes. Que sus dirigentes no tenían capacidad real de convocatoria ni respaldo social. En fin, se profetizaban los peores vaticinios.
Sin embargo, los maestros y maestras no sólo se sostuvieron 10 días, que era lo que les pronosticaban. Se sostuvieron, 20, 30, 40 y 50 y en 50 días. Le logran quebrar el pulso al Estado. Ganan, y ganan, repito, de manera absoluta.
Son, según lo demostraron, muertos que gozan de muy buena salud. Quienes habían decretado la muerte del magisterio tuvieron que tragarse sus propias palabras, porque esos muertos conmocionaron al país. Esos maestros y maestras, que algunos creían muertos como gremio, marcharon desde Huehuetenango hasta la Capital, con sus pies Ilagados, pero con su paso firme, en una muestra de vigor, de vitalidad, que es digna de la causa por la que luchaban. Se tomaron aeropuertos, aduanas, direcciones departamentales, ministerios... El magisterio está vivo y demostró, además, que está a favor de causas justas y éticas. Que está vivo y que está por la vida.

Hay un factor que contribuyó, de manera significativa, a ese notable triunfo y que se constituye, además, en importante lección para todos los movimientos sociales del país: la capacidad que tuvo el magisterio de permanecer unido. De mostrar siempre un frente único, un discurso común, un lenguaje unitario. Quien se enfrentó al Estado fue siempre un solo magisterio, único e indivisible. Como Fuenteovejuna.
La unidad fue clave para su victoria, precisamente en un país marcado por la enorme capacidad que se tiene para dividirnos. Un rápido vistazo a la historia de los movimientos sociales en Guatemala se basta para demostrar cómo somos capaces de partirnos siempre en diversos fragmentos, de segmentarnos cuando deberíamos de mantenernos unidos. Y, casi siempre, cada uno de esos fragmentos se enfrasca en estériles luchitas contra todos los demás, mientras que sus verdaderos enemigos se matan de la risa al verlos desgastándose entre sí y dejándolos a ellos tranquilos.
Los maestros, por el contrario, mostraron que la unidad es posible, y que la unidad es, además, conveniente y necesaria. Supieron deponer diferencias, encontrar puntos comunes y construir a partir de los mismos, en lugar de buscar discrepancias y hacer, de cada una, una fuente de división e incluso de antagonismo. No todos los dirigentes magisteriales pensaban igual. No siempre había unidad de criterios, pero supieron buscarla, supieron construirla.
Entendieron que era mejor deponer actitudes personales, afanes protagónicos, a favor de la fortaleza del movimiento. Entendieron que era preferible lograr consensos en las cuestiones medulares, en lugar de andarse peleando entre sí y dividiendo por menudencias. Entendieron que era en su unidad en donde residía su fuerza.
Y, con su ejemplo, los maestros y maestras le dieron una importante lección al país. Hicieron lo que, por vocación, les corresponde: hicieron docencia.
Le mostraron al país que la razón puede imponerse por encima de la fuerza. Porque esta primera batalla, este primer round en síntesis fue eso: un combate entre la razón, esgrimida por los maestros, y la fuerza, aplicada por las autoridades estatales. Si hasta sacaron el ejército a las calles, en abierta violación a la Constitución y a las leyes vigentes. Porque el ejército es una fuerza destinada a la defensa del país frente a una agresión extranjera. Y nadie puede atreverse a calificar a los maestros y maestras como fuerza extranjera de ocupación que invadía al país con quién sabe qué oscuros propósitos. Esos calificativos, que los aplique el pueblo de Irak a las tropas que hoy los matan salvajemente esgrimiendo la excusa de que van a liberarlos.
Debo agregar que esa labor docente desarrollada por el magisterio desborda el ámbito de las fronteras de Guatemala. Los ojos de América Latina estuvieron puestos, durante 52 días, sobre lo que aquí ocurría. Y, en otros países, fuerzas y sectores afines Ilegaron a Ilamar al magisterio de Guatemala "la esperanza de los movimientos sociales de América Latina".
El magisterio, en síntesis, ganó prestigio nacional e internacionalmente. Se constituyó en una voz que se ganó un espacio y debe ser escuchada.

El magisterio logró, también, constituirse en el primer sector social en el país que, con ese nivel de beligerancia y de Compromiso, saca los Acuerdos de Paz de la gaveta en donde han estado olvidados y empolvándose durante tanto tiempo y les da nueva vida, los hace valer .
A seis años de su firma, por fin un sector social se viste de Acuerdos de Paz y sale a las calles a reclamar su cumplimiento. Recorren cada rincón del país, hasta la aldea más remota, marchan por todas las calles, avenidas, carreteras, caminos y veredas de Guatemala, Ilevando como estandarte su demanda por que se cumplan los Acuerdos de Paz en lo concerniente al tema educativo e incluso más allá, porque una de sus demandas fue la implementación del Pacto Fiscal, como vía para dotar al Estado de fuentes de recursos para sufragar programas sociales y de desarrollo.
Las reivindicaciones planteadas por el magisterio, una a una, son arrancadas de los Acuerdos de Paz, encuentran sustento en los Acuerdos de Paz y en esos términos las plantean. Supieron hacer de los Acuerdos un instrumento vivo, activo. Porque los Acuerdos de Paz son, en esencia, eso: un instrumento. Un instrumento que, si lo usamos con inteligencia, permite construir una sociedad mejor, en la cual la justicia, en sus distintos campos, pueda ser parte de la realidad cotidiana. Pero, como ocurre con cualquier instrumento, si no lo usamos, se oxida y se pierde en el olvido.
La Asamblea Nacional Magisterial decidió hacer uso del instrumento que conquistaron para todo el pueblo miles de héroes y de mártires. Decidieron hacer valer el sacrificio de todos ellos y de todas ellas.
Se constituyeron, por lo tanto, en el primer movimiento social que asume los Acuerdos de Paz como bandera y que se lanza a luchar de manera real, firme y decidida, para arrancarle al Estado pedazos del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esto no había ocurrido antes en la vida institucional del país. Creo que es un elemento que hay que tomar en consideración y que se constituye en lección para el devenir de todos los movimientos sociales en el país.

Los maestros tienen todavía más logros: ponen el tema educación en el tapete. AI poner el tema educativo en la mesa, al poner el tema de la educación en la agenda de la gente, generan interés respecto a uno de los principales ejes de la vida nacional, el cual, infortunadamente, había venido pasando inadvertido. Antes, hace unos pocos meses, en el país no se hablaba de educación, a nadie le importaba el tema de educación salvo cuestiones muy esporádicas, débiles y eventuales.
Hoy, tras el paro magisterial, el tema convoca, pesa más de lo que era posible imaginarse. A modo de ejemplo, en San Miguel Petapa se convocó, recientemente, a una reunión de padres y madres de familia, y fue necesario realizarla en el estadio, porque Ilegaron más de mil ochocientos padres. Esto mismo hubiera sido impensable en noviembre o diciembre del año anterior. Se Ilenaron las dos graderías de sombra, la gradería de sol y todavía habían padres y madres en la grama. Creo que ni los rojos y los cremas logran Ilenar así los estadios.
El tema de educación hoy convoca, y ese es otro importante logro del paro magisterial. No faltan los escépticos de siempre que afirman que, si acaso, va convocar durante unos quince días y después morirá como tema. Pero se equivocan, porque la batalla por la educación sigue adelante. Tampoco el tema de la educación será "llamarada de tusa", como algunos lo vaticinan.
Ya están dados los nuevos elementos de un nuevo combate que se ha abierto, que van a resultar, si el pueblo Ilega a conocerlos, incluso mucho más convocatorios que el mismo paro original. Ya se ha iniciado el segundo round de la batalla por la educación en Guatemala.

Hay un hecho que merece especial atención. En un país marcado por el sello de la violencia, los maestros y maestras supieron mantener su movimiento en un terreno pacífico, de resistencia pacífica. Supieron evitar todo tipo de provocaciones. Tuvieron la madurez para identificar los momentos precisos en los que debían concentrarse y en los que debían desagregarse como fuerza. Se movieron y lucharon con creatividad, en una especie de guerra de guerrillas en tiempos de paz, de movilidad constante, que terminó por marear a las autoridades.

Si algo caracteriza a la historia de Guatemala es la violencia. Hemos sido un país en donde la violencia engendra violencia, en una constante espiral de dolor y de sangre. El Estado mismo, a la cabeza de los hechos de violencia, ha educado para la violencia, ha educado para que el temor, el miedo, o la impunidad actúen como reguladores del comportamiento social.
Sin embargo, los maestros y maestras estuvieron por encima de esos miedos. Vencieron los temores históricos y desafiaron al Estado. Y salieron victoriosos.
Supieron, con sabiduría, resistir las provocaciones que los incitaban a responder con violencia. En lo personal, para mi resultó aleccionador un hecho concreto, que refleja ese espíritu maduro: En las primeras semanas del paro fue allanada la casa de un dirigente en Izabal. Fue allanada en horas de la madrugada y la presencia de hombres armados en su casa significó momentos de terror para la familia, que fue horriblemente amedrentada. El dirigente estaba en esos momentos en la Capital y, cuando recibió la noticia de lo ocurrido, claro que se enojó y se preocupó, pero dijo: "En todo caso, muchá, no caigamos en la provocación". Ese nivel de sensatez política es digno de respeto y de aplauso.

En el marco del paro magisterial, justo en los últimos días, Efraín Ríos Montt le dijo a Pablo Ceto "Miren, Ustedes nos ganaron la batalla por los 80, 000 maestros. Nosotros les vamos a ganar a ustedes la batalla por Ios 800, 000 padres". Así literalmente, en esas palabras. El FRG se supo derrotado y más derrotado aún después, cuando el FRG trató de vestirse de bueno con la promulgación de un decreto, de una ley de amnistía que efectivamente le resuelve un problema al magisterio, pero que evidencia ante el país y ante los maestros las profundas divisiones internas que tienen.
La estrategia del FRG fue absolutamente desbordada por el paro magisterial y eso es también, otro logro. Se desnudó ante el país un gobierno y un partido incapaz de tener la menor voluntad de diálogo, la menor posición de transigencia, la menor capacidad de entender la problemática nacional y que prácticamente, como gobierno y como partido, asumieron la huelga magisterial para darse en la cara con ella, como cualquiera se daría con una piedra en sus propios dientes.

El gran derrotado tras este movimiento de paro magisterial es el FRG. Nadie podrá saber, nunca, cuántos votos le costó, cuánto respaldo social perdió, cuánto rechazo generaron entre la población sus actitudes intransigentes.
Y, dentro del FRG, hay que ubicar a un nuevo cadáver político Ilamado Mario Torres, que muy probablemente tenía serias aspiraciones, que tenía quizá su propio proyecto político personal, que estaba creando su propio grupo político utilizando para ello a un sector menor del magisterio. Mario Torres es hoy un cadáver político y fueron los maestros quienes le dieron cristiana sepultura. Quedó en ridículo frente a la opinión pública nacional e incluso ante sus colegas de la región. Eso el Ministro Torres no lo perdona, lo que lo Ileva a lanzar su contraataque e iniciar, con ello, el segundo round de esta batalla por la educación en Guatemala. El que haya adoptado una actitud de revancha y de aprovechamiento de la ocasión para implementar mandatos del FMI, dice muy poco de su calidad profesional y ética. Quizá ha olvidado la naturaleza del cargo que ostenta y sus obligaciones como responsable de velar por la educación en Guatemala.

El Ministro, así de herido, quiere tomar venganza. Calcula que, tras 52 agotadores días de lucha, el magisterio está cansado, que el intercambio de golpes propio del primer round lo ha dejado sin aire, sin capacidad de respuesta. Estima que las condiciones, entonces, le son favorables y lanza su furibundo contraataque.
No ha terminado el magisterio de sentarse en el banquito de la esquina a tomarse un trago de agua y a que le den aire con una toalla, para reponerse, cuando ya le suenan de vuelta la campana y lo atacan de nuevo con los primeros golpes del segundo round.
Estos nuevos ataques no deben ubicarse, además, solamente en términos de un plan maquiavélico del Ministro para sacarse la espina que le duele. Son, también, parte de un programa neoliberal, globalizante, con el que el Gobierno tiene que cumplir porque le es impuesto desde afuera pero, además, que conviene a los intereses de todas las derechas de este país.
El Ministro, (y con él, el Gobierno), juzgan que la ocasión les resulta oportuna y, entonces, proceden a complacer tanto a los organismos financieros internacionales como la sed de revancha del propio Ministro.
El problema es que, al contraatacar, las autoridades gubernamentales ponen en alto riesgo a toda la comunidad educativa y atentan, de manera directa, contra los intereses de la gran mayoría de niños y de niñas del país. Atentan, incluso, contra los derechos de todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que todavía no han nacido.
Publicaron, hace cosa de más de una semana, un acuerdo gubernativo, el 92-2003, luego derogado por el 209-2003, en el cual, empleando un lenguaje engañoso, anuncian que se procederá, de manera gradual, a la privatización de todo el sistema educativo en el país. Condenan a muerte a la escuela publica. Claro que no lo dicen en esos términos, pero cualquier análisis lo pone en evidencia.

En su contenido, el Acuerdo Gubernativo dice que, en función de la descentralización del sistema de educación pública, se van a crear asociaciones educativas por todo Guatemala y que todas estas asociaciones educativas van a asumir la administración de los centros educativos. Ordena, además, que las asociaciones educativas sean conformadas por padres de familia de cada localidad. En los discursos de propaganda que lanzan tanto el Ministro Torres como el Presidente Portillo, esto hasta lo hacen sonar bonito. Pero hay una peligrosísima trampa debajo de esta palabrería con la que adornan y pretenden disimular sus verdaderas intenciones.
Porque eso no es descentralizar. Cualquier proceso real de descentralización implica el traslado de recursos y responsabilidades desde un Gobierno Central hasta los Gobiernos locales, dentro de la estructura del Estado. Desde un Ministerio centralizado hasta las direcciones departamentales, municipales y locales de ese mismo Ministerio, pero siempre en el marco del Estado, del sector público.
Las asociaciones de padres de familia cuya conformación mandata el Acuerdo Gubernativo no son, de ninguna manera, parte del sector público. Los padres y madres de familia, en su condición de ciudadanos y ciudadanas, no pueden jamás considerarse parte de la estructura del Gobierno. No son funcionarios del Estado ni tienen por que responder o subordinarse a las directrices laborales que emanen del Gobierno. Los padres y las madres de familia son sector privado.

Claro que hay padres y madres de familia que trabajan para Ministerios o para instituciones públicas. En sus horas laborales, son servidores públicos. Pero en su tiempo libre, son simples ciudadanos y ciudadanas, son parte de la sociedad civil.
Las asociaciones educativas que se crean a partir del Acuerdo Gubernativo tampoco son ni pueden ser consideradas, de ninguna manera, como parte de la estructura del Gobierno ni de la del Estado. Son parte de la sociedad civil, son organismos no gubernamentales.
Por lo tanto, el Acuerdo Gubernativo está ordenando el traslado de recursos, responsabilidades y costos desde el sector público hasta el sector privado. Desde el Gobierno hacia la sociedad civil. Desde el Ministerio hacia organismos no gubernamentales. Y eso no es descentralización. Hay que ponerle a las cosas su verdadero nombre: eso es privatización. No se puede Ilamar de otra manera.
El traslado de recursos, costos y responsabilidades del gobierno central hacia una entidad privada que se llama asociación educativa, es una figura de privatización, no es una figura de ninguna otra cosa distinta a la privatización.
Y un proceso de privatización de cualquier servicio significa, ni más ni menos, que ese servicio estará disponible sólo para el que pueda pagar por ello. Significa que, si se privatiza la educación, Ilegará el momento en el que, en Guatemala, se educarán solamente los hijos e hijas de las familias económicamente solventes. Los hijos e hijas de todas las demás familias, están condenados al analfabetismo, a padecer los efectos de la falta de educación, simplemente porque en sus casas no tienen los fondos suficientes para pagar mes a mes por la educación de los menores.
¿Cuantos de los mil y pico de padres y madres presentes tienen en sus bolsillos dinero sobrante que destinar al pago de servicios educativos?

Las autoridades del Gobierno afirman que, con este Acuerdo Gubernativo, van a favorecer la participación ciudadana de los padres de familia, porque les van a depositar en sus manos la administración de los centros educativos. Y también eso lo hacen parecer bonito, lo adornan con palabras elegantes, pero vacías, huecas.
En realidad, significa que el Gobierno va a cargar sobre los hombros de los padres y madres de familia un conjunto de tareas y obligaciones que, por su propia naturaleza, es responsabilidad exclusiva del Estado el asumirlas. Los padres y las madres van a tener que asumir la administración de la planta física de las escuelas, van a tener que asegurar la dotación de medios materiales y técnicos para las escuelas. El Gobierno delega sobre ellos todos esos deberes.
En términos prácticos, si no hay papel higiénico en los baños, será cosa de los padres el resolverlo. Si quieren pagar la factura de la energía eléctrica o la del agua, tendrán los padres que ver cómo hacen. Si están sucias las paredes, allá los padres que tendrán que resolver cómo pintarlas. Si hay vidrios rotos, será cuestión de los padres el cambiarlos o dejar que se filtre la Iluvia en todas las aulas. Si se quebró la pizarra, la puerta o el zinc, pues que la repongan los padres. Si faltan aulas, pupitres, cuadernos, libros, yeso o borradores, a ver cómo lo resuelven los padres. Los costos de todo ello lo tendrán que resolver los padres. El tiempo y los esfuerzos que todo ese trabajo implica lo tendrán que poner los padres.
Con eso, las asociaciones educativas liberan al Gobierno de un montón de obligaciones con las que, según la Constitución y las Leyes vigentes, le corresponde cumplir. El Estado, como Poncio Pilatos, simple y sencillamente se lava las manos y recarga sobre la asociación de padres las responsabilidades que, como Estado, le corresponden.
Es decir, el Ministerio convierte a los padres en empleados gratuitos del Gobierno. Los pone a que le saquen la talacha. Eso no es participación, es manipulación.
¿Cuantos de los padres y madres de familia aquí presentes aspiran a convertirse en mano de obra gratis del Gobierno? ¿Cuantos quieren dedicar su tiempo y su sudor a sacarle el chance de gratis al Gobierno?
Así que, a pesar de lo que afirma en sus los discursos, este Gobierno no está promoviendo la participación. Simplemente esta utilizando a la gente, pretendiendo engañarla para cumplir con las órdenes que recibe del Fondo Monetario Internacional. No es participación, es utilización.
La participación, para que sea real, debe abrir espacios a las personas al ámbito en donde se toman las decisiones, en lugar de convertirlas en talacheros. Que yo sepa, jamás se consultó con los padres de familia sobre este Acuerdo Gubernativo...¿O si, fueron Ustedes consultados?

Para el Gobierno resulta fácil hablar de participación cuando, en realidad, se trata de poner a los demás a "ejecutar" lo que ellos ya decidieron. El Gobierno se limita a delegar funciones en los padres, a quienes no les corresponde ejecutarlas. Y, encima, no les consulta al respecto, sino que les impone su nueva política educativa. Eso no es, de ninguna manera, participación ciudadana. Es instrumentalización de las personas, es manipulación de las ideas, es imposición vertical, casi dictatorial, pero hecha en nombre de la democracia.
Claro que los padres y madres de familia tienen todo el derecho del mundo a participar. Así debe ser en una sociedad auténticamente democrática. Pero a participar no como mano de obra gratuita, sino, por el contrario, a participar en la definición de las políticas educativas, a ser parte en la determinación de lo que debe hacerse en el campo de la educación. Y, además, a participar en el ejercicio de su derecho a la auditoría social, es decir, en la fiscalización de las labores del Estado y de sus instituciones, para asegurarse que los fondos se administran con ética, con eficacia y con eficiencia. Para que puedan estar seguros de que todos los planes y programas que se desarrollan son correctos y se ejecutan correctamente. Eso si es participación real, verdadera.
Incluso, el que los pongan a administrar las escuelas e institutos puede, al final, convertirse en un obstáculo para la participación real, porque los padres y las madres, ocupadas viendo cómo resuelven problemas cuya solución es obligación del Gobierno, pueden no disponer de tiempo para destinar a las cuestiones de mayor importancia, como la incidencia política y la auditoría social.
Sin embargo, hablar de incidencia política y de auditoría social, aunque necesario, no es el tema que nos ocupa esta mañana. Creo que sería importante, en todo caso, que estos temas sean tratados con detalle en un futuro cercano, porque son los dos principales campos en los que padres y madres de familia deben de luchar por participar en la vida pública.

Pero el problema para los padres y las madres de familia no termina con el hecho de que el Acuerdo Gubernativo lo convierta en funcionarios gratuitos del Estado. Es todavía peor que eso. Porque hay otra ley nueva, la Ley de ONG's, que se vincula de manera estrecha con las nuevas asociaciones que crea el Acuerdo Gubernativo.
Resulta que toda asociación educativa que se forme se convierte inmediatamente, de acuerdo a esa otra ley, en un Organismo No Gubernamental, en una ONG. Par lo tanto, los padres de familia miembros de cada asociación educativa tienen que presentar anualmente, por ley, una declaración de probidad, es decir, un documento jurídico en el que informan al Estado sobre todo lo que tienen, sobre todos sus bienes y cómo los obtuvieron. El Estado se les mete hasta la cocina de sus casas. Y lo peor es que presentar esta declaración tiene un costo de por lo menos Q 4,000.00 anuales.
Además, también según lo establece la ley, todos los padres y madres que se asocien tienen que sacar su número NIT, convertirse en pequeños contribuyentes y entregar mensualmente su reporte financiero, con el riesgo de que, si no lo hacen, les puede caer encima una multa que no es jugando. La presentación de los informes mensuales o trimestrales debe ser hecha por un contador autorizado, que cobra, poniéndolo barato, Q 150 por el trimestre.
Es decir, ya no solamente el Estado le recarga un peso financiero a los padres de familia, ya no sólo los convierte en mano de obra gratuita, sino que, para colmo, los padres de familia tienen que pagar por ello. ¿A cuántos padres y madres de los que están presentes les sobran en sus bolsillos 4 mil quetzales? Y, aún en el caso de que los tuvieran, ¿están dispuestos a pagárselos al Gobierno para que el Gobierno los convierta en funcionarios gratuitos? ¿ Van a pagar sólo para comprarse la obligación de hacer tareas que le corresponden al Gobierno?

Por otra parte, el Acuerdo Gubernativo dice que a las asociaciones educativas les va a tocar resolver el nombramiento y contratación de los maestros, la fiscalización del trabajo de los maestros, la destitución de los maestros cuando sea el caso. Es decir, pasan a ser los patronos de los maestros. Se convierten en sector patronal privado.
Desde ya el Ministerio de Educación anda afirmando por todas partes y cada vez que puede que los maestros se oponen al Acuerdo porque le tienen miedo a los padres de familia, porque no creen ni confían en los padres de familia. Eso también es una mentira. Simplemente, quieren poner a pelear a los padres y madres de familia contra los maestros y maestras.
Quieren crear una división artificial entre estos dos importantes sectores de la comunidad educativa. Buscan sembrar cizaña entre dos aliados naturales, porque saben que, si se desarrolla su alianza, juntos pueden constituirse en una imponente fuerza social y política, capaz de impedir que el Estado haga realidad sus planes de privatización.
Claro que los padres y madres de familia deben tener derecho a participar en la selección y evaluación del trabajo de los maestros. Ese es un derecho. Incluso es un derecho que hoy no ejercen y por el que deberían también de luchar. Pero eso no significa, de ninguna manera, que a padres y madres de familia les convenga pasar a ser empleadores del magisterio.
En el marco de la educación pública, la relación de trabajo de los maestros y maestras debe ser siempre con el Estado, con el Gobierno, y no con asociaciones privadas. De darse esta situación, los maestros simplemente dejarían de ser funcionarios públicos y pasarían a ser empleados privados.
Y, además, existe una serie de riesgos en esta posibilidad de convertir a las asociaciones educativas en empleadoras de cada maestro individualmente.
Es una figura que, infortunadamente, se presta a la corrupción, al amiguismo, a la manipulación por parte de partidos políticos, a revanchas personales. Estimula la generación de situaciones de conflicto en el seno de las comunidades, que pueden degenerar incluso hasta situaciones de violencia.
Obviamente no porque los padres y madres de familia sean, en si mismos, corruptos, manipulables o revanchistas, sino porque el sistema puede ser manejado por políticos con poder, y bien sabemos que los políticos, en su gran mayoría, sí que son todo eso y más todavía.
Además, en una sociedad marcada par el sello de los valores inherentes al neoliberalismo, en la cual el ser humano es lobo del ser humano, en la que se invita y presiona a cada ciudadano a ver en los demás a un competidor, a un adversario, es fácilmente previsible que todos estos problemas puedan fácilmente presentarse.
En un sistema como el que propone el Acuerdo Gubernativo, se pueden cometer tremendas injusticias en nombre de la "participación" de los padres de familia y quizá hacerle un daño irreversible a la calidad de la Educación en el país, puesto que cada asociación tendrá su propio sistema y dinámica, y claro, estarán convencidos que su sistema es "el adecuado".

Por otra parte, es peligroso sentar precedentes de irrespeto a los derechos laborales de un sector gremial tan importante y numeroso como lo es el magisterio. Los maestros y maestras, como cualquier otro trabajador, tienen y deben de tener derechos laborales.
Si nosotros permitimos que hoy se violen los derechos de los maestros, ¿qué puede esperar cualquier otro trabajador mañana? Ya sea del sector público o las empresas privadas. Debemos entender que, como padres y madres de familia, al defender los derechos laborales de cualquier gremio, estamos también defendiendo los de cada uno de nosotros mismos.

La descentralización del Estado es un mandato de los Acuerdos de Paz. Debe realizarse por cuanto el Estado, al suscribir los Acuerdos de Paz, se compromete a cumplirlos. Sin embargo, el proceso que en el Acuerdo Gubernativo describen como "descentralización" no tiene nada que ver con lo que, al respecto, establecen los Acuerdos de Paz. Por el contrario, apunta en otra dirección, busca otros propósitos. No es descentralización, sino privatización, como ya lo expliqué antes.
Entonces, cuando el Gobierno afirma que emitió este Acuerdo Gubernativo para cumplir con los Acuerdos de Paz, de nuevo miente. No sólo no cumple, si no que, peor aún, hace lo contrario a lo que dicen los Acuerdos de Paz, los viola flagrantemente. Cualquier proceso de privatización de los servicios públicos es contrario al espíritu y a la letra de los Acuerdos de Paz.
La participación de los padres y madres es un derecho. Está consagrado en la legislación vigente y es, también, un mandato de los Acuerdos de Paz. Además, es una necesidad urgente. Pero esta participación debe darse en los campos de la incidencia política sobre los planes y programas educativos, así como en el ejercicio de la auditoría social sobre la ejecución de esos planes y programas.
No es participación real aquella que convierte a padres y madres de familia en mano de obra gratuita al servicio del Gobierno. Eso no debe hacerse bajo ninguna excusa, y menos aún tergiversando con perversas intenciones el contenido de los Acuerdos de Paz.

Este proceso de privatización condena a desaparecer la escuela pública. La mata. La acaba. Decreta su sentencia de muerte. El Acuerdo Gubernativo que publicó el Gobierno dice que esta muerte será gradual, que ocurrirá poco a poco, pero no le pone fecha al compromiso. No sabemos si esa gradualidad quiere decir que el Estado se tomara seis meses para hacer desaparecer la escuela pública, o si se tomara un año, o dos años, o cinco o diez años. Solamente dice que va a ocurrir poco a poco, a mordiscos, pero que va a ocurrir.
No sabemos si el condenado, en este caso el sistema educativo público, va a ser ejecutado de un tiro, o si más bien las autoridades tienen pensado ejecutarlo en un lento, sádico y doloroso proceso que prolongue su agonía, arrancándole su cuerpo pedazo a pedazo, hoy un poco allá, mañana en otra parte, hasta que por fin desaparezca.
Es un hecho que, en cuanto se refiere a la política educativa aplicada por el Estado, no pueden existir dos modelos antagónicos coexistiendo al mismo tiempo. Uno termina por desplazar al otro, y el que se imponga será, siempre, el que cuente con respaldo político del Estado. Por esa vía, sin duda el sistema privatizante se extenderá como un virus, como la mala hierba, y terminará por absorber, por devorar al sistema de escuelas públicas.
¡Hay que defender la escuela pública! No se debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Gobierno se salga con las suyas y que la escuela pública muera.
La idea de la privatización del sistema educativo es absurda. Igualmente sin sentido sería proponer, por ejemplo, que se organizaran asociaciones comunitarias de defensa por todo el país y que estas asumieran la contratación de la tropa, la asignación de grados y política de asenso de los oficiales. Que a las comunidades les corresponda, entonces, asegurar el mantenimiento del armamento y de los cuarteles, garantizar las cuestiones relativas a víveres, vestuario, servicios médicos militares, transporte, inteligencia militar, etc...
Habría que estar loco de remate para proponer un sistema así por el estilo y suponer que puede Ilegar a funcionar. Eso no sería la descentralización del ejército. Sería un caos. Pero exactamente eso es lo que están proponiendo para el sistema educativo.

En todo caso, una sociedad bien puede prescindir del sistema de defensa. AI fin y al cabo, ¿para qué sirve sostener miles de hombres en armas, que no producen, que no generan nada y sólo consumen imponentes gastos? Pero no se puede prescindir de un sistema educativo. El Estado tiene que sostener un sistema de educación pública, y garantizar su gratuidad y su calidad.
Si los gobernantes quieren dejar de invertir en algo, pues que recorten el presupuesto destinado al Ejército. Las tropas de Belice no amenazan ocupar Izabal o Petén. Como bien lo dice la historia, la única fuerza militar que en el pasado ha incursionado en territorio nacional, y que pudiera hacerlo en el futuro si se le antoja, ha sido la estadounidense. Sin embargo, el mismo hecho que nuestros gobernantes sean, lamentablemente, tan complacientes con ese país, hace que esto no sea, por el momento, una posibilidad.
No se ve en el horizonte a ninguna fuerza militar invasora frente a la cual haya que defenderse. Bien se puede, entonces, recortar el gasto público en defensa y destinar esos recursos a mejores destinos.
Pero en educación, por el contrario, más bien las autoridades gubernamentales deberían de ver cómo incrementan la asignación presupuestaria, en lugar de estar emitiendo Acuerdos Gubernativos que la privatizan. La educación es un derecho del pueblo y es una obligación indelegable del Estado el brindarla.

Pero, en las actuales circunstancias, ya no se trata sólo de una amenaza de privatización. El Acuerdo Gubernativo ya está publicado en el diario oficial y tiene, por lo tanto, plena vigencia. Las intenciones privatizantes dejaron de ser una amenaza absurda y pasaron a convertirse en una realidad igualmente absurda. La privatización es, en esta Guatemala de hoy, una política de Estado.
Está en marcha. Ya el Presidente Portillo ha inaugurado varios centros educativos que responden a este esquema. No está amenazando con el petate del muerto. Por el contrario, está impulsando una política educativa antipopular, lesiva a los intereses de las grandes mayorías y lo hace con toda la fuerza que le depara el control del Gobierno.

Está empleando el poder que dice le confirió el voto popular para dañar al pueblo y, en especial, a los niños y niñas de los sectores populares. Está usando su investidura como primer mandatario para negarle sus derechos a millones de menores, cuyos padres y madres, en muchos casos, votaron por él y por su partido político. En este país, hay algunas pocas personas que no necesitan de la escuela pública, pero hay millones que sí.

Por otra parte, este Acuerdo Gubernativo perverso tiene propósitos políticos que no están escritos, que son implícitos: en primer lugar, sueñan con desmovilizar al magisterio, atomizarlo, dispersarlo, porque al pasar a ser los maestros y maestras empleados de una empresa privada, empleados de una asociación educativa, dejan de ser servidores públicos. Tendrán como figura patronal a esa asociación educativa y ya no al Estado.
Esto, naturalmente, atenta contra la estabilidad laboral de todo gremio magisterial. Los derechos laborales de los maestros y maestras se verían pisoteados, lo cual podría constituirse en un antecedente tras el cual podrían verse igualmente avasallados los derechos laborales de todos y de todas a lo largo y ancho del país. Cada maestro tendría que negociar sus prestaciones social con su nuevo empleador: la asociación educativa, cuya conformación podría no responder a criterios éticos, sino a intereses políticos. Perderían la posibilidad de actuar como gremio, porque no serían trabajadores contratados por un mismo patrón, sino que cada uno y cada una tendría su propio empleador. Ya no habrá más Asamblea Nacional Magisterial. Se muere, porque desaparece el gremio que la conforma.
Cada maestro y cada maestra, al convertirse en empleado privado, tendrá que ver cómo negocia lo de sus vacaciones, lo del treceavo y catorceavo mes, lo de su jubilación, lo de su acceso a servicios médicos estatales (los cuales, por lo demás, no sería extraño que también quieran privatizar), en fin, deja de ser parte de un gremio, de un sector, y se individualiza su relación obrero-patronal. Ya no se podrá hablar de 70 mil maestros unidos tras una causa común, porque serán 70 mil pedacitos aislados entre sí, individualizados y , por ende, carentes de fuerza y de posibilidades de actuar como un sólo cuerpo.
Se rompe la posibilidad de una relación solidaria y firme entre maestros y maestras. Ya no actuarán juntos en un futuro, porque no estarán juntos. Cada cual tendrá que velar por sí mismo, en el más puro espíritu de los valores propios del neoliberalismo.

Todo esto, claro, conviene sobremanera a quienes proponen la entronización de un modelo neoliberal para Guatemala. Pero no conviene al pueblo trabajador, por cuanto, de realizarse este propósito privatizador de la labor de los docentes, se estarían abriendo las puertas para que luego se lesionen los derechos laborales de cualquier otro gremio.
Además, este afán de convertir al educador y a las educadoras en empleados privados atenta, asimismo, contra la calidad de los servicios educativos. Nada garantiza que las plazas sean ocupadas por los profesionales mejor calificados. Si cualquier fuerza partidaria Ilegara a tomar control de una asociación educativa, es obvio que procuraran colocar en los cargos a sus correligionarios y no a quienes mejor puedan desempeñarse. Esto no es invento mío, tristemente ya se ha dado y se ha visto.
Lo más triste es que el Gobierno, a través de las asociaciones educativas que crea el Acuerdo Gubernativo, pretenda usar a los padres y madres de familia para acabar con el gremio magisterial. La alianza entre padres y maestros fue una de las claves del éxito del paro magisterial recién pasado. Y, sin duda, por eso es que ahora el Estado se propone desarticular al gremio magisterial, e incluso emplear a los padres y madres como verdugos. Bien dice el viejo dicho "divide y vencerás". Hago un Ilamado para que no caigamos en esa trampa.
Pero vale la pena preguntar: ¿cuántos de los padres y madres aquí presentes están dispuestos a descargar el hacha sobre el cuello del magisterio?. ¿Cuántos quieren halar el gatillo y disparar en la sien de quienes educan a sus hijos e hijas?. ¿Cuántos convertirse en verdugos del magisterio y teñirse sus manos con la sangre de todo un gremio?

Otro propósito no escrito en el texto del Acuerdo Gubernativo, tácito, implícito, puede ser el de utilizar las asociaciones educativas para fortalecer estructuras partidarias.
Cuando Mario Torres asumió el Ministerio de Educación, despotricó horrores contra los COEDUCAS y contra los PRONADES. Uno de los argumentos que esgrimió contra ambas instancias fue que eran avanzadillas del PAN dentro del gobierno del FRG. Sostuvo que el PAN habla convertido a sus activistas político partidarios en COEDUCAS.
¿Qué garantiza que, en un año electoral como el presente, estas asociaciones educativas no se conviertan ahora en avanzadillas del FRG dentro de la educación?. ¿Qué puede asegurarnos que el FRG no está buscando cómo, por la vía de la creación de asociaciones educativas, le sea posible aglutinar a sus expac o a otros cuadros partidarios que tenga a lo largo y ancho del país?.
Además, el Acuerdo Gubernativo establece que, desde el presupuesto del Estado, se transferirán partidas para las asociaciones educativas. Podría ocurrir que estos fondos públicos, en un año electoral, no Ileguen a servir para fines educativos, sino que se concentren en cuestiones proselitistas o sirvan para sufragar algunos de los costos de la campaña política.
¿Quién puede dudar que esa sea una posibilidad real?. La trayectoria evidenciada por este Gobierno muestra, a las claras, que son muy capaces de hacerlo. Si no me creen, los invito a que hagan un estudio de la enorme cantidad de denuncias que han aparecido solo en las primeras planas de los medios de prensa. Y eso es, según calculan algunos expertos, sólo la punta del iceberg. Sólo lo que han podido descubrir.
Entonces, esas asociaciones educativas bien podrían convertirse en núcleos de eferregistas o de panistas con el poder de definir, según los intereses de su partido, el rumbo de la educación en Guatemala. Cada una como empresa privada dueña de la educación en su particular teatro de operaciones. Eso, sin lugar a dudas, se constituye en una seria amenaza para la calidad, la cobertura y el contenido del proceso educativo nacional. Un proceso educativo que debe ser ajeno a intereses partidarios. Cada persona es libre de comprometer sus vidas y acciones en función del partido que le parezca, pero no es ético ni correcto utilizar la educación con fines para-partidarios.
Hace pocas semanas, se hizo pública la información de que el diputado del FRG en Sololá exigía a los nuevos maestros que le donaran los dos primeros meses de salario, si es que querían el nombramiento. El "diezmo para el Partido" le Ilamó el diputado a esa forma de evidente corrupción. Ningún trabajador o trabajadora debería ser obligado a semejantes cosas. ¿A cuenta de qué?
En síntesis, con el Acuerdo Gubernativo desmovilizan al magisterio, crean la posibilidad de organizarse una base social propia y tercero, crean la posibilidad de transferir recursos del Estado a esa base social propia, organizada bajo la figura de asociaciones educativas.
Esto, a todas luces, es una barbaridad y un atentado contra los derechos de todo el pueblo. Es un descaro que hay que denunciar y contra el cual hay que luchar.

Por otra parte, aunque me duela decirlo porque sé que entre los y las presentes hay quienes tienen simpatías por uno u otro partido político, en honor a la transparencia me siento en el deber de aclarar que, en este proyecto político privatizante, el FRG y el PAN comen en el mismo plato, se sirven con la misma cuchara, duermen en la misma cama, se cobijan con la misma cobija, piensan igual, actúan igual, porque responden ambos a los mismos intereses. Las derechas de este país están felices con la idea de promover un sistema educativo progresivamente privatizado.
Tanto así que fue durante el Gobierno del PAN que se empezó a dar forma a esta idea, mediante la creación de PRONADE. Ahora, el Gobierno del FRG convierte los PRONADES en el modelo a seguir. Pronadeiza todo el sistema de educación pública.
El PAN y el FRG responden, en este caso a la línea del Fondo Monetario Internacional. AI unísono, a coro, con la misma voz. Y responden, asimismo, al CACIF y a los planteamientos de grupos de intelectuales de derecha y comprometidos con las derechas, quienes se han dedicado a pensar cómo realizar, en Guatemala, una contra-reforma educativa.
Sueñan con poder materializar una política educativa neoliberal, que responda a sus intereses y que resulte en una contra-reforma educativa y acabe, de una vez por todas, con la Reforma Educativa que emana de los Acuerdos de Paz.

Hay que empezar a pelear el segundo round de la batalla por la educación. Hay que defender la escuela pública. Hay que oponerse a los planes de privatización gradual y progresiva de la educación pública en este país. Hay que hacer valer el hecho de que la educación es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, que son derechos ciudadanos establecidos desde la misma Constitución de la República. Y hacer valer, también, lo que los Acuerdos de Paz mandatan en términos de educación.

Este Acuerdo Gubernativo, por ejemplo, acaba con la Reforma Educativa, la destroza en un soplido, la hace puré, la hace añicos. Simplemente deja de haber Reforma Educativa y se coloca al país de cara a una Contrarreforma Educativa ya en marcha, ya firmada por el Poder Ejecutivo.
¿Cómo se puede enfrentar eso?. En muchas formas. Una es la vía legal, en la que ya se está trabajando para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Porque el Acuerdo Gubernativo, a todas luces, viola la Constitución. Los abogados que trabajan en esto van a presentar un documento que tenga "certeza jurídica", que sea sólido e irrefutable. Pero en este teatro jurídico la batalla podría perderse porque, en Guatemala, lo legal no siempre es sinónimo de lo justo. La impunidad no cubre con su manto sólo a quienes cometieron horrendos crímenes de guerra. También ampara a funcionarios que, con sus acciones, atentan contra toda la población .
Por lo tanto, además de la batalla legal, hay que dar también la batalla social y política. Pero no político-partidaria, sino referida a la defensa de una política educativa. Para enfrentar con éxito esta otra batalla, es necesario forjar una alianza indispensable y urgente entre los maestros, los padres de familia y los estudiantes. Se requiere que estos tres actores bailen la misma canción. El Gobierno, con inteligencia, lanza este Acuerdo Gubernativo en un momento en el que el magisterio viene apenas saliendo de 52 días del paro. El magisterio se sabe victorioso, esta activo y cohesionado, pero cansado.
Entonces se requiere, con carácter de urgencia, la incorporación a la lucha de actores sociales emergentes, de una fuerza social de relevo capaz de ocupar su puesto en las trincheras desde las que se combatirá este segundo round de la batalla en pro de la educación pública.
Infortunadamente, los padres de familia no son una fuerza social organizada. Normalmente, en el campo educativo, se limitan a responder a los Ilamados de las directoras de las escuelas, que mandan el papelito: "reunión de padres de familia en fecha tal, a las ocho en punto, para tratar asuntos de vital importancia. Rogamos puntual asistencia", y los padres de familia asisten con una pereza horrorosa a esas reuniones, que no empiezan jamás a las ocho sino a las nueve, a las que asisten unos 20 de los 200 que fueron convocados y en las que, al final, los asistentes se preguntan cuáles serían los asuntos de vital importancia. Hay que buscar otros mecanismos de convocatoria para los padres de familia y la buena noticia es que ya se están inventando.
En algunos lugares, en algunos institutos y escuelas ya se convocan por sí mismos. Incluso han creado redes de padres y madres de familia, que se inician en cada aula, luego en cada centro educativo, luego en cada zona geográfica. En el Departamento de Guatemala, por ejemplo, ya se habla de crear la Coordinadora Departamental de Padres de Familia, con presencia de delegados legítimos de todos los Municipios y de todas las Zonas.
Hay que crear redes de padres y de madres que pueden convocarse, reunirse y adoptar una posición absolutamente beligerante en contra de la privatización. Me atrevería a decir, incluso, que este movimiento de padres y madres de familia está creciendo, se está gestando con un ritmo acelerado que, si no se maneja bien, puede Ilegar a desbordar a quienes lo organizan.
Los padres y madres de familia son un aliado natural del magisterio y viceversa. AI fin y al cabo, sus hijos e hijas ven, en los maestros y maestras, como a sus segundos padres. Juntos, padres y maestros son los grandes responsables par la formación de las generaciones futuras. Es preciso, por lo tanto, que se estrechen los vínculos entre ambos, que aprendan a darse la mano y a emprender, en unidad, la marcha por el sistema educativo socialmente necesario.
Otro actor de relevancia lo constituye el movimiento estudiantil. Hay que reconocer que, en estas fechas, está muy desarticulado. Pero el paro magisterial permitió ver algunos reverdeceres, por decirlo de alguna manera.
En ese marco, la Asociación de Estudiantes de Educación Media dio algunas señales de vida. Se tomaron varias veces el puente Belice y, hace unos cuatro o cinco días, ya post paro, hicieron una movilización con alumnas y alumnos del INCA, del Belén, del Aqueche y algunos otros centros educativos, en demanda del bono escolar.
Por su parte, la AEU está absolutamente controlada por el FRG, razón par la cual no se puede ni soñar en forjar alianza alguna con ella. La AEU, mediante distintas cosas, incluyendo una Orden del Quetzal, ha sido mediatizada.
Pero surgió la Coordinadora Estudiantil Universitaria, coma una alternativa que puede evitar que la AEU siga siendo controlada par el FRG. Se trata de una fuerza nueva, que puede Ilegar a desarrollarse como una oposición firme dentro del ambiente estudiantil universitario.
En síntesis, una alianza de los padres con los estudiantes y con el magisterio, puede generar la fuerza necesaria para defender la escuela pública.
Si se construye esa alianza, el triunfo en el segundo round será posible. Si aprendemos a actuar unidos, concatenados, coordinados coherente y armoniosamente como los dedos de la mano, podremos vencer.
Cada padre y cada madre de familia, cada maestro y cada maestra, debería de consultar con su conciencia y con su razón respecto a la pregunta " ¿Qué debo hacer?". Y todas aquellas personas que sientan y sepan que deben hacer algo en defensa de la escuela pública, pues que actúen, que hagan cuanto les sea posible. AI fin y al cabo, construir un futuro mejor es tarea de todos y de todas quienes quieran comprometerse en ello.
De cada uno de quienes estamos reunidos aquí depende.