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Emplazamiento al Vicepresidente de la Republica de Guatemala por parte de diferentes organizaciones sociales



Guatemala 24 de mayo de 2005

Dr. Eduardo Stein
Vicepresidente de la Republica

 

Con profunda preocupación, ante las reiteradas acciones que vulneran nuestros derechos, que se han traducido en ataques, atentados, asesinatos, amenazas, intimidaciones, controles, escuchas ilegales,  allanamientos y persecuciones en contra de organizaciones, dirigentes sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, Operadores de Justicia y miembros de la procuraduría de Derechos Humanos, a usted exponemos lo siguiente:

1.      De acuerdo a la información recabada, es evidente que desde el año 2001 diferentes sectores sociales hemos sido víctimas de diferentes ataques que vulneran nuestra integridad física, así como otros derechos garantizados en la Constitución Política de la República. Durante el primer año de la actual administración (2004) se contabilizan 122 ataques y durante el 2005 hemos registrado 68, de estos 12 ocurridos en las ultimas dos semanas.

2.      Detrás de los hechos de violencia perpetrados contra las organizaciones sociales y sus dirigentes, contra los defensores/as de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, iglesia y otros sectores, se encuentran  Cuerpos Ilegales  o Aparatos  Clandestinos vinculados con las fuerzas de seguridad, particularmente, inteligencia militar, así como con el Crimen Organizado y ciertos sectores empresariales.  

3.      Tanto las organizaciones sociales como  la Procuraduría de Derechos Humanos,  coinciden que un porcentaje elevado de los ataques tienen indicios de haber sido llevados a cabo por estructuras que, con el tiempo, han perfeccionado el empleo de métodos y técnicas de inteligencia, las cuales operan con una compleja división del trabajo, gozan de recursos y  de impunidad. Son estructuras que difícilmente pueden estar fuera del aparato estatal, competir contra el mismo o ser totalmente ajenos a su conocimiento. Del mismo modo, se precisa que en dichas estructuras ilegales se combinan formas y motivaciones organizacionales diversas, entre las que se incluye el apadrinamiento de las estructuras formales de inteligencia militar, con los cuales, y atendiendo a los objetivos de las operaciones, se dan niveles de coordinación, además, de tener cierta autonomía y estar vinculadas al fenómeno del crimen organizado o a la ejecución de “encargos personales”.

4.      La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala determinó en su undécimo informe que: “En varios de los casos mencionados, los autores de las amenazas utilizan líneas telefónicas intervenidas y disponen de vehículos con placas de circulación asignadas al antiguo Estado Mayor Presidencial; poseen la experiencia suficiente y la infraestructura necesaria para amedrentar a sus víctimas. La alta capacidad operativa demostrada respaldaría la hipótesis de que cuentan con la participación, aquiescencia y tolerancia de agentes del Estado”.

5.      Este conocimiento generalizado y las denuncias sistemáticas de las víctimas de la existencia de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), como fueron denominados en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, no ha tenido una correspondencia con la respuesta del sistema de justicia en materia de investigación y procesamiento.

6.      De 1994, año en que se aprueba el nuevo Código Procesal Penal, a la fecha la inversión en el Sistema de Justicia ha sido millonaria y sin embargo los resultados son limitados.  Una serie de obstáculos durante el proceso penal permite que las tasas de persecución penal y condenas sean ostensiblemente bajas.  El resultado, en materia de persecución penal de violaciones de derechos humanos, es aún más baja.  Muy pocos casos llegan a fase de debate oral y, en varias ocasiones, las sentencias de primer grado son modificadas en la fase de apelaciones y amparos.

7.      En particular, es notoria la deficiencia del Ministerio Público en materia de persecución penal.  Más del 90% de los casos denunciados ante la fiscalía de ataques a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y otros sectores continúan archivados sin que, en muchos casos, se realicen procesos iniciales de investigación.  Este fenómeno se da tanto por falta de capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo este tipo de investigaciones como por la falta de voluntad política.

8.      A lo anterior se suman retrocesos importantes en materia de derechos humanos, como lo son la reactivación de las Patrullas de Autodefensa Civil, la contratación de asesores militares tanto en el ministerio de Gobernación como en la Policía Nacional Civil, la limpieza social en contra de jóvenes y la profundización del fenómeno del femicidio y feminicidio. .  La No aprobación de la CICIACS y los obstáculos para la instalación de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han puesto en evidencia,  una vez más, el poder no sólo de las mafias sino la cooptación de la institucionalidad del Estado guatemalteco (sistema de justicia, organismo ejecutivo, Congreso de la República y Corte de Constitucionalidad) además evidencia un entramado perverso al servicio de estos poderes en el que participan diferentes “personajes” (académicos, políticos, pseudo periodistas, abogados etc.). 

9.      Así mismo es preocupante que dentro del actual gobierno existan sectores que insisten en menospreciar y deslegitimar el trabajo de las organizaciones y  lideres sociales que ponderan el uso de la violencia estatal como un recurso para mantener el “orden social”,  que   estigmatizan la oposición política,  criminalizan la protesta social y la pobreza, que atacan a las organizaciones sociales, y debilitan la institucionalidad democrática propiciando el cierre de espacios de participación ciudadana. De esta manera se ha privilegiado la represión ante las demandas sociales y cuando se han logrado establecer espacios de dialogo, estos se han desgastado ante el incumplimiento de los acuerdos.

10.    Ante esta situación, señor Vicepresidente en su calidad de coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado de Guatemala, nosotros/as haciendo uso de nuestro derecho de petición y en salvaguarda de nuestros derechos Constitucionales, demandamos una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los ataques  de que hemos sido víctimas, exigimos una explicación sobre los hechos anteriormente expuestos y emplazamos al gobierno de la República a que informen sobre los resultados de las acciones que realizan para la investigación, desestructuración y enjuiciamiento de las Estructuras Clandestinas que funcionan en Guatemala. 

 

 

Por parte del gobierno estuvieron Eduardo Stein (vicepresidente de la republica), el ministro de gobernación, el director de la SAE, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Presidente de COPREDEH.

Por parte de las organizaciones sociales estubimos, Iduvina Hernández (SEDEM) Claudia Paz (ICCPG) Ruth Del Valle (MNDH) Edda Gabiola (CALDH) Jose Pinzon (CGTG) Mario Polanco (GAM) Secil De Leon (COS) Carlos Arreaga (CNOC) Daniel Pascual (CUC) y Orlando Blanco (CIIDH).