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DOMINGO
24 DE JUNIO DE 2007 Departamento de San Marcos, Guatemala. El Intolerable "No" y la Mina que "Debe Ganar" Según acuerdos internacionales, leyes nacionales y constitucionales, e incluido en cualquier discurso de compañías extractivas por doquier, toda comunidad tiene el derecho legal de ser consultada en cuanto a mega-proyectos industriales que puedan llegar a afectar sus territorios. Sin embargo, cuando una consulta se lleva a cabo de manera que fortalece el poder comunitario, los mismos organismos y compañías que supuestamente promueven el proceso consultorio suelen reaccionar alegando que dicho procedimiento es inconstitucional, manipulante y antidemocrático. La Consulta Popular que se llevo a cabo en el municipio de Sipakapa, Departamento de San Marcos, Guatemala, el 18 de Junio del 2005, ofrece un excelente ejemplo de como ha funcionado este proceso. Existe suficiente evidencia, incluyendo un estudio hecho por el mismo
Procurador del Consejo de Cumplimiento del Banco Mundial, demostrando
que la transnacional GlamisGold (y desde ahora La gente de Sipakapa respondió organizando de manera impecable su propia consulta por medio del voto transparente popular en el cual los pobladores podrían expresar su acuerdo o desacuerdo con la expansión del proyecto minero en su territorio. La consulta fue llevada a cabo con el permiso de la alcaldía municipal de Sipakapa y se aseguró de satisfacer las provisiones que expresa la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cual se enfoca en los derechos de la gente Indígena y Tribal en Países Independientes y que fue ratificada por Guatemala el 5 de Junio de 1996. Al escuchar sobre la consulta, representantes de Montana Exploradora S.A., la contraparte Guatemalteca de Goldcorp, abrieron un caso de inconstitucionalidad en contra del proceso consultorio en una corte regional del departamento de San Marcos, al igual que un segundo proceso por medio de la Corte de Constitucionalidad, el más alto cuerpo jurídico en Guatemala. Los casos jurídicos se abrieron antes de que la consulta popular se llevara a cabo en Sipakapa, contradiciendo documentos públicos de la compañía los cuales indicaban que ellos habían llevado a cabo su propia consulta popular y las comunidades favorecían el proyecto minero. Si realmente las comunidades estaban a favor de la minería, como lo exponía Goldcorp, es difícil entender su motivación para llevar a cabo dos juicios legales que previnieran a las poblaciones de expresar un "Si" o "No" a la actividad minera en sus territorios. En Mayo del 2007, casi dos años después de que Goldcorp
iniciara el casó jurídico, la Corte de Constitucionalidad
falló sobre la legalidad y aplicabilidad de la Consulta Popular
en Sipakapa. Reportajes investigativos después del falló jurídico indicaron que "la decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad pudieron haber sido influenciados por intereses políticos, económicos o hasta comerciales." (1) El Intolerable "No" Para Goldcorp, el problema con la consulta se trata de que la población Sipakapense respondió de manera "incorrecta". Once de las trece comunidades votaron Sin tomar en cuenta la reciente decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad, el legado de la consulta es claro. Desde que se llevo a cabo la consulta en Sipakapa, aproximadamente otras 15 municipalidades Guatemaltecas que se ubican en territorios concesionados para la exploración minera han llevado a cabo consultas similares. En todos los casos, exploración, explotación, y expansión minera han sido rotundamente rechazadas. La lucha que aun emprende la población de alrededor de 14,000, en su mayoría Maya-Sipakapenses, ha tomado una importancia de nivel mundial hoy en día. Y no solo por las comunidades que pretenden mantener y rescatar el control de sus territorios, sino también por los efectos que ha tenido en la industria minera por todo el orbe. Según un artículo escrito por David J. La ideología de la industria minera de que se "debe ganar" es respaldada por costosas campañas de relaciones públicas, fuertes vínculos con funcionarios gubernamentales de alto cargo, recursos monetarios provenientes de bancos e instituciones financieras internacionales, al igual que acceso privilegiado a medios de comunicación. El intolerable "No" declarado por comunidades rurales se
expresa por si mismo. Es un rechazo a la actividad minera por las
poblaciones que probablemente serán directamente afectadas
por las consecuencias negativas de proyectos mineros. Aún más importante es que este intolerable "No" - al cual la industria minera global no tiene una contestación - es una poderosa, democrática y legal afirmación a la vida, nuestro planeta, y al control comunitario. -30- 1 Weatherborn, J. "Consultas populares pierden terreno ante
la CC". Inforpress. 30 de Mayo, 2007. Tomado de:
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